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El Gobierno disolverá la AFIP y formará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero: recorte de personal y salarios más bajos

Se reubicarán o dejarán a disposición 3.100 empleos, todos vinculados a la administración anterior, según lo informado por Casa Rosada. También se modificarán los directores de Aduana y DGI, quienes recibirán sueldos similares a los ministros del Gobierno.

La administración de Javier Milei ha anunciado cambios significativos en la estructura de recaudación fiscal: se eliminará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se establecerá la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además, se nombrarán dos nuevos directores generales: Andrés Gerardo Vázquez asumirá la Dirección General Impositiva (DGI), mientras que José Andrés Velis estará al frente de la Aduana, reemplazando a Gabriel Ramírez y Eduardo Mallea, respectivamente. Por el momento, no se prevén modificaciones en la dirección de la AFIP, que seguirá bajo el mando de Florencia Misrahi.

Según las fuentes oficiales, la nueva ANR contará con una "estructura simplificada", con una reducción aproximada del 45% en los altos cargos y un 31% en los niveles inferiores. “Habrá un 34% menos de funcionarios”, comentaron de manera informal, refiriéndose a los que ocupan puestos de menor jerarquía.

La medida implicará la reubicación y disponibilidad de aproximadamente 3.100 trabajadores que, según el Gobierno, fueron incorporados de manera irregular en el último mandato kirchnerista. Se estima que esta acción generará un ahorro presupuestario de $6.400.000.000 al año.

Los máximos directivos de la AFIP y los directores de DGI y Aduana dejarán de recibir la bonificación por jerarquización (actualmente, la titular de la AFIP percibe más de $30 millones y los directores, más de $17 millones). A partir de ahora, sus salarios serán comparables a los de ministros y secretarios. Esta decisión responde al exceso de personal en la estructura, que ha mostrado limitaciones para responder de forma ágil y efectiva a las necesidades del sistema tributario y aduanero, lo que ha afectado la administración de recursos públicos y el control aduanero, según lo explicado desde Casa Rosada.

El Gobierno busca implementar sistemas de control y evaluación más precisos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas "en busca de una gestión pública más eficiente y orientada a resultados". También busca "asegurar una recaudación más efectiva y un control aduanero más eficiente".

Antecedentes: Recientemente, el Gobierno había comenzado a reducir la estructura de la AFIP. El Decreto 559, publicado el 3 de julio, introdujo cambios relevantes en la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objetivo de modernizar los controles fiscales y previsionales, en línea con las nuevas leyes de moratoria y blanqueo.

Esta medida centralizó las funciones de fiscalización en la región metropolitana, agrupando las tareas bajo la Dirección General de Impuestos (DGI), un enfoque que ya se había aplicado en las delegaciones de la AFIP en otras provincias.

Uno de los efectos clave de ese decreto fue la eliminación de varias estructuras jerárquicas. Se suprimieron tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otros cargos, logrando una reducción organizativa sin afectar al personal. Alrededor de 700 empleados de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social se integraron a la DGI, fortaleciendo su equipo de fiscalización, que contaba con cerca de 1.000 agentes. Esta integración tuvo como objetivo optimizar los controles y prepararse para implementar las nuevas medidas fiscales.

Otro aspecto importante del Decreto 559 es que, aunque eliminó ciertos cargos, mantuvo en la Dirección General de Recursos de Seguridad Social las funciones de distribución de fondos y comunicación con instituciones públicas y privadas, así como la investigación de casos de trata de personas.

La AFIP fue creada en 1996, durante la presidencia de Carlos Menem, unificando las funciones de la DGI y la Aduana, que operaban de manera separada. Misrahi, actual titular del organismo, fue designada por Milei después de evaluar varios candidatos para este cargo clave en la administración nacional.

Ella es una asesora fiscal y jurídica que trabajaba como socia en el estudio Lisicki & Litvin y anteriormente dirigió el departamento de impuestos de Cargill. Su perfil destaca su especialización en planificación fiscal regional y estructuras de financiamiento, con énfasis en materias primas, así como su experiencia en asesoría legal y fiscal en transacciones comerciales, tanto nacionales como internacionales.

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