Sastre: el municipio dividido por la decisión de no fumigar

“Lo importante es que la prohibición se mantiene, al margen de las estrategias de la Municipalidad”, expone una de las vecinas autoconvocadas ante la consulta de RTS Medios, sobre cómo cayó en el grupo de los que se oponen a que se eliminen las restricciones de fumigación, la decisión del Poder Ejecutivo de Sastre de interponer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para barrer con el límite de 1.000 metros que se fijó en septiembre de 2020 para las aplicaciones de fitosanitarios alrededor de la cabecera del departamento San Martín.

El caso no es nuevo y divide aguas entre los autoconvocados más enérgicos -medio centenar de vecinos- y aquellos que entienden que debe primar la lógica que se aplica en otros distritos de Santa Fe y el resto de la zona pampeana. El episodio es el primero dentro de la bota santafesina y el segundo a nivel nacional.

El reclamo de parte de la población empezó a hacerse en 2014 y se cristalizó finalmente en septiembre de 2020 cuando lograron en un juez de primera instancia en Rafaela posibilitó establecer la restricción que venían pidiendo los vecinos en el marco de un recurso de amparo colectivo.

La resolución de base, que implica la prohibición de las aplicaciones aéreas y terrestres en el perímetro de 1.000 metros, casi inmediatamente fue recurrida tanto por productores agropecuarios, muchos de los cuales tienen establecimientos rurales dentro de la franja de exclusión y al mismo tiempo por la Municipalidad.

Las instancias para recurrir el fallo de primera instancia implicaron que la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Rafaela tuviera que expedirse, ratificando, en esta ocasión lo planteado inicialmente. Es así que el Poder Ejecutivo de la cabecera del departamento San Martín redobló la apuesta y con el patrocinio del Estudio Jurídico Rondina -cuyo titular es el ahora fiscal de Estado, Domingo Rondina, quien se excusó de continuar en el caso- canalizó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Rafaela a fin de que intervenga en el asunto la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El caso es que el tribunal de alzada, en línea con lo que ya había expresado, rechazó esa alternativa.

El dato nuevo es que la intendencia ahora irá hacia la máxima magistratura argentina, apelando a la Corte Suprema de la Nación. En rigor de verdad se trata de un recurso extraordinario que debe presentarse ante la Corte de Santa Fe que debe resolver la viabilización del pedido y en tal caso, remitirlo a la instancia nacional. En el camino quedaron los productores. Es que no pudieron continuar con el trámite debido a que quedaron fuera de plazo.