Desde Amsafe y Sadop criticaron el plan de Asistencia Perfecta

Representantes de los gremios docentes, tanto del ámbito público como privado, han expresado su rotundo rechazo al reciente plan de asistencia perfecta propuesto por el gobierno. El programa, que pretende premiar la asistencia regular de los docentes, ha sido duramente cuestionado por diversas razones.

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, denunció que el plan es un regreso a políticas laborales propias de décadas pasadas. "Un premio que en realidad es un presentismo", expresó Alonso, comparando la medida con prácticas de los años 90. "Llamarlo premio es un eufemismo, lo que en verdad hace es perpetuar un sistema donde el trabajador se ve forzado a asistir aun en situaciones de enfermedad o cuidado familiar", agregó el sindicalista.

Además, Alonso enfatizó que esta medida contribuye a mantener los salarios "deprimidos", situando a los docentes por debajo de la línea de pobreza y estableciendo una relación laboral basada en premios y castigos en lugar de un salario digno.

Por su parte, Marín Lucero, representante de Sadop Rosario, destacó la falta de claridad en el alcance del plan. "No tenemos mayores precisiones más allá de la conferencia de prensa del ministro", señaló Lucero, enfatizando la incertidumbre sobre si la educación privada está incluida en estas nuevas consideraciones.

Lucero calificó la medida como "cruel" y "brutal", señalando que es uno de los ataques más graves que ha sufrido la educación desde el retorno de la democracia. También destacó la discriminación que implica separar a las mujeres embarazadas de aquellas que no lo están, señalando que la diferencia en el monto del premio es significativa y perpetúa la desigualdad.

Además, Lucero advirtió sobre posibles objeciones legales, especialmente en el caso del tratamiento discriminatorio hacia las mujeres embarazadas, que podría contravenir tratados internacionales firmados por Argentina en contra de la discriminación de género.

El plan de asistencia perfecta ha desatado una ola de críticas y preocupaciones entre los gremios docentes, quienes ven en esta medida no solo un retroceso laboral sino también una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de la educación.