Desregulación de obras sociales

Luego de la aplicación del DNU presidencial, cambia el sistema de afiliación a obras sociales y prepagas, abriendo el juego a que cada trabajador pueda decidir en dónde coloca sus aportes correspondientes al área de salud. Esto habilita a que las prepagas entren al mercado como posibles obras sociales y reciban directamente el aporte del afiliado y no dependan más de un tercero.

En este sentido, en el noticiero del mediodía, se conversó con el abogado Ariel Bozicovich quién aclaró cómo se reacomoda el sistema.

Bozicovich comentó que: “la posibilidad de elegir entre las diferentes obras sociales es una posibilidad que siempre estuvo. Antes lo que se exigía, al iniciar una relación laboral, era que el empleado esté un año afiliado a la obra social que le corresponde sindicalmente, pasado ese año recién podía optar derivar sus aportes a cualquier obra social y también a una prepaga”.

El cambio actual, quita la permanencia de un año en la obra social que corresponda por el rubro, y permite elegir entre la obra social u optar por ir a una prepaga. Al cambiar el sistema lo que ocurre es que el empleado antes decidía por una prepaga, el sistema designaba una obra social que deribaba los fondos a la prepaga, ahora desaparece el intermediario. Por estos cambios, el trabajador puede optar por una obra social sindical o aportar a una prepaga sin que intervenga una obra social como intermediaria.

Con esta nueva reglamentación se le permite a las prepagas regirse por la ley que regula las obras sociales, lo que genera mayor aporte solidario.

El Fondo Solidario de Reintegro que está dentro de las obras sociales y lo maneja el Estado Nacional, a este las obras sociales aportan un 10-15 % de sus ingresos, ese fondo es utilizado para cubrir gastos de medicamentos costosos, etc. Las obras sociales son deficitarias por lo general, y son muy dependientes de este fondo, lo que incorpora esta legislación, es la obligación a todas las prepagas, esten adheridas o no al régimen de obras sociales, a aportar al fondo el 20% del total de su facturación, esto representa un incremento en los fondos que el Estado Nacional deberá administrar, deribando a los efectores dependientes de este dinero.