Pisarello: “Cualquier mecanismo destinado a imponer este DNU se convierte en letra muerta”

A raíz de la definición del Poder Judicial sobre la inconstitucionalidad de los artículos referidos a los derechos laborales en el DNU del presidente Javier Milei, en una entrevista con Edición Central de RTS Medios, el abogado Juan Andrés Pisarello, analiza el impacto de la medida.

"Al día de hoy, todas las normas laborales del Decreto de Necesidad y Urgencia que fue emitido por el Poder Ejecutivo Nacional han sido impugnadas por el Poder Judicial, salvo que ejerza la apelación al Gobierno Nacional y que la Corte comprenda que no es este el criterio a seguir. Esto no rige, así que eso es muy importante y cualquier mecanismo existente, ya sea de las patronales o del Estado para tratar de imponer este DNU, letra muerta porque el control de constitucionalidad difuso del sistema argentino que quiere decir eso que cualquier juzgado puede declarar la inconstitucionalidad de una norma establece los vicios del conglomerado de reformas al derecho laboral que se quiso hacer con este improvisado mecanismo", señaló Pisarello.

El abogado destacó la impugnación generalizada de las normas laborales contenidas en el DNU, resaltando que el control de constitucionalidad difuso del sistema argentino permite a cualquier juzgado declarar la inconstitucionalidad de una norma que considere contraria a la Constitución.

"Es importante comprender que cualquier mecanismo destinado a imponer este DNU se convierte en letra muerta, dada la impugnación y el control de constitucionalidad vigente. El conglomerado de reformas al derecho laboral pretendido con este improvisado mecanismo queda expuesto a los vicios que el sistema judicial puede evidenciar", agregó Pisarello.

Las declaraciones del abogado arrojan claridad sobre el escenario legal que rodea al DNU en materia laboral, destacando la importancia del respeto a los principios constitucionales en la legislación vigente. La situación abre el debate sobre la necesidad de garantizar la legalidad y la protección de los derechos laborales en el país.